Roberto Borge pretende Sobajar y Maquillar a Periodistas | Ley de Protección a Periodistas

La propuesta del gobierno encabezado por Roberto Borge Angulo, define a la Libertad de Expresión como una “prerrogativa” y no como un Derecho constitucional. La convocatoria para asistir al Foro, fue limitada, inició con uno o dos días de anticipación, ¿plan o maña? …

Ley de Protección a Periodistas

Roberto Borge pretende Sobajar y Maquillar a Periodistas | Ley de Protección a Periodistas

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Noticias Yo cancún, Quintana Roo.- El gobierno de Quintana Roo realizó hoy el primero de dos Foros de Consulta sobre su propuesta de Ley para la presunta Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el estado, identificado junto con Veracruz, como la segunda entidad más peligrosa para ejercer el Periodismo en México, de acuerdo con el Informe “Estado de Censura”, de la organización artículo 19.

La propuesta del gobierno encabezado por Roberto Borge Angulo, define a la Libertad de Expresión como una “prerrogativa” y no como un Derecho constitucional, tergiversa la definición y alcances de la cláusula de conciencia y deja al arbitrio de una comisión -fundamentalmente integrada por el gabinete gubernamental- la potestad de decidir quiénes son o no periodistas y activistas en derechos humanos.

Por su redacción y contenido, la iniciativa de Ley sometida a discusión, “desprotege” a las y los periodistas, violenta el Derecho a la Libertad de Expresión y de Acceso a la Información, vulnera los derechos de las audiencias y vulnera los derechos de comunicadores y defensores de derechos humanos, coincidieron por separado el Observatorio de la Violencia de Género de Benito Juárez, la Red de Equidad y Derechos Humanos de Quintana Roo y el Consejo de la Escuela Libre de Derecho del estado, entre otros.

La convocatoria para asistir al Foro, realizado en el Planetario Ka’Yok, en Cancún, fue limitada, inició con uno o dos días de anticipación y –salvo casos excepcionales- el borrador de la propuesta de ley no circuló entre el gremio periodístico, aspectos que fueron mencionados por participantes y asistentes al evento convocado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo estatal, con el apoyo de la Unidad de Vocero.

Durante las 13 intervenciones para exponer las observaciones respecto a la iniciativa de ley, sólo participaron un periodista, un comunicador independiente y un defensor de los Derechos Humanos. Un segundo foro se desarrollará mañana en Chetumal, capital del estado.

La propuesta -que se prevé entrará a discusión a partir de la próxima semana, cuando inicie el periodo extraordinario de sesiones- conjuga la iniciativa turnada por el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Sergio Bolio, en diciembre del 2014; la propuesta impulsada por un trío de organizaciones de periodistas, entregada a Borge Angulo el 24 de junio pasado, cuando las agrupaciones hicieron su presentación oficial; y la propia propuesta del ejecutivo estatal, se explicó.

Prerrogativa y no Derecho

En su primer capítulo, referente a las disposiciones generales, el Artículo Tercero de la iniciativa de Ley, define a la Libertad de Expresión, como “la prerrogativa que tiene toda persona para difundir y publicar ideas u opiniones sin discriminación a través de cualquier medio de comunicación”.

“Hablar de prerrogativa es bajar de categoría un Derecho. Definir la Libertad de Expresión como una prerrogativa y no como un Derecho Constitucional, es una forma mañosa de sobajarlo a un derecho administrativo, de maquillarlo para bajar su nivel de efectividad”, afirmó en entrevista, Jorge Delgado Ramírez, presidente del Consejo de la Escuela Libre de Derecho de Quintana Roo.

La clausula de conciencia

Durante su intervención como uno de los oradores, el abogado también se refirió a la tergiversación del concepto y alcances de la “cláusula de conciencia” que, originalmente y en países como España y Francia, posibilita al periodista a renunciar a su empresa y “percibir la indemnización de que compete en caso de despido injustificado o improcedente”, cuando la línea editorial del medio de comunicación haya cambiado notoriamente y afecte sus principios éticos y su dignidad profesional.

De acuerdo con esa cláusula, el periodista puede negarse a firmar un texto que lo ponga en riesgo o que haya sido alterado para distorsionar hechos y datos, renunciar y ser liquidado como si se tratase de un despido injustificado.

No obstante, en la propuesta de ley a discusión, la “cláusula de conciencia” fue alterada y equivale –afirmó Delgado Ramírez- a una renuncia voluntaria, al ser presionado para faltar a sus principios éticos.

Con él, coincidió el presidente del Colegio de Abogados, Alejandro Betancourt, quien señaló que se deja en total indefensión al periodista, al omitir la obligación de la empresa para indemnizarle como si se tratase de un despido injustificado.

“Según esta propuesta, los periodistas a quienes se pretenda obligar a publicar algo incorrecto o se le impida dar a conocer información veraz, por considerarlo la empresa de comunicación, contrario a sus intereses, podrán únicamente rescindir su relación jurídica, lo que vendría siendo favorable para la empresa, pero perjudicial al comunicador.

“Dejar ese artículo 12 como está, equivale a otorgar una ventaja de la empresa comunicadora sobre el periodista, al no restringir eficazmente sus intereses particulares sobre el verdadero derecho a la Libertad de Expresión y a la Información veraz que merecemos los quintanarroenses”, expresó.

La ley violaría el derecho de las audiencias

Betancourt añadió que ante las presiones de empresas y gobiernos para limitar la libertad de expresión de los periodistas, la propuesta no obliga a las compañías a respetar los derechos de las audiencias y del propio comunicador.

Con lo anterior, la ciudadanía de Quintana Roo queda “a merced de mercaderes de la información que solamente publicarán lo que a sus intereses particulares benefician sin importar si la información es verdadera”, dijo.

El abogado aseguró que el artículo 12 debe modificarse y sancionar e incluso clausurar a las empresas periodísticas que pretendan presionar a sus comunicadores para manipular la información, lo cual vulnera el derecho de los quintanarroenses a la Libertad de Expresión e Información.

Por separado, la directora del Observatorio para la Violencia de Género, Celina Izquierdo, respaldó lo anterior. “La ley habría que analizarla mucho mas a fondo. Esta ley ni protege a los verdaderos periodistas, ni los derechos de la ciudadanía a saber, conocer a dudar, a indagar (…) desprotege su derecho y obligación de informar.

“Tampoco es una ley que proteja a las audiencias de periodistas totalmente indeseables y pagados por el estado. Dejan a la ciudadanía en estado de indefensión”, señaló.

Convocatoria express y propuesta no difundida

Al igual que diversos periodistas y activistas en Derechos Humanos, la investigadora lamentó la convocatoria express del foro y la nula difusión de la propuesta de ley.

“Esta ley atenta contra la libertad desde el momento en que no se propicia una discusión con tiempos, difusión para que los periodistas puedan participar; también habría que citar a los directores y dueños de medios… ir mucho más allá”, manifestó.

El periodista, Clicerio Cedillo, único que participó dentro de la ronda de exposiciones, reprochó el haber podido acceder por terceros a la iniciativa de ley, tan sólo un día antes del foro. Criticó también el poco interés del gobierno estatal por hacer extensiva la convocatoria al gremio, lo que “se presta” –dijo- a simulaciones.

También criticó a las organizaciones “de periodistas” que “surgen” bajo el cobijo del propio gobierno y solicitó que se otorgue más tiempo para que el gremio periodístico realice una consulta “con verdaderos expertos”, se analice y entreguen comentarios.

“Foro no es; consulta pública, tampoco. Especialmente en una ley que presume defender los Derechos Humanos tendría que ser altamente difundida, enviado el proyecto para poder ser analizado.

“Es un pseudo foro en el que prácticamente se habló de derechos de periodistas, y muy poco se habló de derechos de defensores y defensoras de derechos humanos”, criticó la presidenta de la Red de Equidad y Derechos Humanos, Rosa María Márquez, quien reprochó no haber sido convocada.

Observatorio Ciudadano, no comisión gubernamental

Edgar Mora Ucán, activista por los derechos de la diversidad sexual y Kevin Gallardo, estudiante de Derecho de la Universidad del Sur, propusieron que en lugar de que la Comisión Estatal de Protección a periodistas y activistas esté conformada por el secretario de gobierno, el procurador de Justicia, el secretario de Seguridad Pública, el presidente del Poder Judicial, dos comunicadores y dos defensores de Derechos Humanos, se integre una comisión descentralizada del gobierno local.

La Comisión u Observatorio ciudadano, estaría integrada por periodistas, académicos, investigadores y organizaciones con honorabilidad probada.

Por: eluniversal.com.mx