Obligan a Borge a Dar a Conocer la Deuda Pública y Dinero del Erario de QRoo

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Noticias Yo Quintana Roo.- Con la aprobación de las reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Quintana Roo, se incorporó la propuesta ciudadana del 3 de 3 y, por primera, vez se obliga a dar a conocer la deuda pública del estado y toda información que involucre dinero del erario local, como en el caso del Fideicomiso de Playas o el monto y destino de los recursos recaudados por el Impuesto al Hospedaje, lo cual fue celebrado por la iniciativa privada y organizaciones civiles, ante la opacidad que se ha padecido en la materia.

En conferencia de prensa, la asociación Ciudadanos por la Transparencia (CITRA) y representantes del Consejo Coordinador Empresarial y del Caribe (CCEyC), la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, capítulo Cancún (AMAV), entre otros organismos empresariales, ponderaron la disposición y apertura del Congreso del estado para incluir el grueso de sus propuestas en la homologación de dicha ley.

Si bien reconocieron que la Ley de Transparencia de Quintana Roo, cuya reforma fue aprobada la semana pasada, no alcanza los más altos estándares contenidos en la Ley de Coahuila –considerada la más avanzada en su tipo- es “perfectible” y reúne los estándares mínimos que marca la Ley General.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex-Cancún), Eloy Peniche, avaló los logros obtenidos por la ciudadanía en cuanto al contenido de la nueva Ley, pero destacó dos puntos importantes que no pudieron integrarse a ella.

Uno, dotar al Consejo Consultivo de mayor independencia, para que sus integrantes no fuesen designados por el gobernador, sino por el Poder Legislativo; y tampoco se logró la llamada “transparencia focalizada”.

El presidente del CCEyC, Luis Cámara, destacó que entre los avances dentro de la ley, está el que eleva el número de sujetos obligados a poner a disposición la información, solicitada o no, principalmente toda aquella que involucre dinero del erario.

A partir de que la Ley entre en vigor, no se requerirá ninguna justificación para solicitar información y ésta no se puede clasificar como reservada de manera discrecional, a menos que se fundamente adecuadamente el o los motivos.

La información debe ser publicada y actualizada cada seis meses y abarca rubros como el contenido de los planes estatales y municipales de Desarrollo, los Programas de planeación y política urbana y ambiental; la clasificación de la hotelería y los convenios financieros con partidos políticos u organizaciones, entre otros datos.

Sergio González Rubiera, de la AMAV, consideró positiva la publicación de información de Turismo y Medioambiente, al ser “crucial”, para una entidad que vive del aprovechamiento de los recursos naturales y de la actividad económica que ello genera; no obstante, lamentó que no se pudiera avanzar más sobre la transparencia proactiva y la focalizada, que buscarán ser reforzadas a través del Reglamento de la Ley.

La directora de CITRA, Cynthia Dehesa, subrayó que aunque la Ley de Quintana Roo, no sea tan avanzada como la de Coahuila, protege los derechos de Acceso de Información básicos, establecidos en la Ley General de Transparencia, además de que existen mecanismos para mejorarla.

“No es una ley con lagunas, no es una ley ‘floja’”, sostuvo Dehesa, quien reiteró que “como nunca antes” hubo disposición del Congreso para diseñar, modificar, enriquecer y pulir la ley, finalmente votada y aprobada.

La desagregación de información fue uno de los temas que no se lograron incluir, debido a “diferencias de criterio” con legisladores, que argumentaron que se podría caer en “redundancias”.

Otro objetivo que no fue aceptado por la Legislatura, fue obligar a que la información pública se dispusiera también en Lengua Maya, lamentó el presidente de CITRA, Juan Ignacio Athie Lambarri, quien no obstante, subrayó que se insistirá en incluirlo.

En el tema de sanciones, se contemplan las de índole administrativo, que van desde amonestaciones, hasta multas, incluida la destitución.

Un punto relevante es que la sanción recae no en la institución, sino en el individuo que obstaculice o incumple la transparencia, por lo que el funcionario que sea multado tendrá que pagar de su bolsillo y no la institución.

Athie Lambarri destacó que el siguiente paso consistirá en presionar para que se haga valer la voluntad ciudadana que reclama la aprobación de la llamada “Ley 3 de 3” a nivel federal, ya que “la transparencia es un foco que llegó para quedarse”.

Añadió que diseñan un esquema para que en el sistema educativo, a nivel básico, se incluya en los planes educativos la asignatura de Transparencia, a fin de motivar un cambio de cultura en las siguientes generaciones que, a futuro, tendrá implicaciones positivas para la construcción de ciudadanía, la participación ciudadana y la cultura de la rendición de cuentas.

Por: eluniversal