Comunicadores de Cancún se Pronuncian en Contra de “Ley Borge”

De entrada, la propuesta de Borge Angulo en su Artículo Tercero, define a la Libertad de Expresión, como una simple “prerrogativa” y no como un Derecho Constitucional, consagrado en sus artículos Sexto y Séptimo…

Comunicadores de Cancún se Pronuncian en Contra de Ley Borge

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Noticias Yo Quintana Roo.- Comunicadores de Cancún se pronunciaron en contra de la iniciativa de Ley para la presunta Protección de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, promovida por, Roberto Borge, al considerar que, de aprobarse, se legalizará para la prensa, “el control piramidal” que el Poder Ejecutivo estatal, ejerce ya sobre el Legislativo y el Judicial.

“La iniciativa de ley que ingresó al Congreso, es sólo un reflejo de la situación en la que actualmente ejercemos el Periodismo en Quintana Roo y, por lo mismo, la XIV Legislatura estaría legalizando, con su aprobación, el control piramidal que el Poder Ejecutivo ejerce en esta entidad sobre los demás poderes, incluido, en nuestro caso, el llamado ‘Cuarto Poder’ que, en la práctica, debería ser el eje que equilibra la balanza entre el poder (político) y la sociedad civil, lo cual implica proteger también los derechos de las audiencia”, se lee en el posicionamiento.

El documento que contiene la postura de las y los periodistas, comenzó a difundirse este miércoles, a través de redes sociales, previo al “foro informativo de consulta” sobre las tres iniciativas que, en materia de protección al ejercicio periodístico y de activistas en Derechos Humanos, han presentado el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Sergio Bolio, el mandatario estatal, Roberto Borge y un trío de organizaciones de periodistas.

A modo de protesta por el contenido de la iniciativa gubernamental, que en lugar de proteger los derechos de las y los periodistas, vulnera el ejercicio del Periodismo en el estado, las y los comunicadores de prensa escrita, medios electrónicos y digitales, anunciaron que se ausentarán del Foro, a fin de no avalar un proceso que consideran viciado y “una simulación”, lo mismo que la iniciativa mencionada.

 De entrada, la propuesta de Borge Angulo en su Artículo Tercero, define a la Libertad de Expresión, como una simple “prerrogativa” y no como un Derecho Constitucional, consagrado en sus artículos Sexto y Séptimo.

“Eso significa –además de un atraso político de décadas en nuestro estado– que el Ejecutivo (estatal) estará facultado, por decreto, a conceder como un favor la Libertad de Expresión, pues al no considerarla como un derecho, niega que sea inherente a toda persona y de antemano, evade cumplir con sus obligaciones de protección y garantía de la Libertad de Expresión”, se indica en la postura de las y los periodistas.

Una propuesta más de las y los comunicadores, es incluir en una verdadera legislación que proteja a periodistas, sanciones, castigos e incluso la cárcel, para funcionarios públicos que promuevan ataques, campañas de desprestigio y difamación, actos de intimidación y amenazas en contra de periodistas que, en la mayoría de los casos, son críticos del gobierno. “De otra forma esta ley será una simulación”.

“Solicitamos al Congreso de Quintana Roo que legisle a fin de que se prohíba a las autoridades estatales realizar manifestaciones públicas para atacar y amedrentar a periodistas y, en general, a ciudadanos.

“El hostigamiento mediático realizado por funcionarios públicos de ninguna manera está protegido por el derecho a la Libertad de Expresión; por el contrario, es considerado un mecanismo para disuadir a cualquier persona que emita una crítica al gobierno”, subrayan.

La iniciativa gubernamental establece además que las y los periodistas deben ser acreditados como tales para ingresar a actos y edificios públicos, dejando a discreción de la autoridad, la emisión de dichas acreditaciones y, también a su arbitrio, el decidir quién es o no periodista en el estado.

“Los programas de acreditación pueden constituir una fuente de abuso por parte de las autoridades, pues éstas podrían negar (la acreditación) a periodistas que, por ejemplo, sigan una línea crítica al gobierno, restringiendo el Derecho a la Libertad de Información.

“Consideramos, por tanto, que el procedimiento de acreditación podría ser susceptible de injerencias políticas, y ser una restricción de los derechos establecidos en los artículos 6 de la Constitución, así como en el 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, señalan los comunicadores.

La postura de periodistas, critica además la tergiversación de los conceptos y alcances del secreto profesional y la cláusula de conciencia que, en la redacción de la iniciativa de ley, dejan en estado de indefensión a las y los comunicadores, además de restringir el ejercicio periodístico.

En el caso del secreto profesional, propone a los periodistas “abstenerse” a divulgar información reservada, como si formasen parte de la estructura de gobierno, cuyos órganos, entidades y organismos, sí se encuentras acotados en ese sentido.

“Esta iniciativa de ley nos considera a los periodistas, como parte de la estructura de gobierno, violando tácitamente, la Libertad de Expresión al tergiversar el secreto profesional, que en el ejercicio del Periodismo significa el derecho del periodista a reservarse la identidad de sus fuentes; a que no se le requieran datos o hechos que no hayan sido publicados y que formen parte de investigaciones periodísticas y a que no sea objeto de inspección o aseguramiento de su equipo, notas, registros o archivos personales o profesionales que busquen identificar las mismas fuentes”, se indica.

En torno a la clausula de conciencia, la iniciativa deja en libertad al periodista, sólo de renunciar, ante la modificación de su información, la alteración de declaraciones o hechos por parte de su medio, sin que sea remunerado.

Esta clausula nació con el objeto de defender la libertad de pensamiento y el código de ética del periodista, para que no sea objeto de sanciones, presiones o despidos al negarse a alterar la realidad o la verdad de los hechos, considerando que al ser obligado a faltar a dichos principios éticos, puede renunciar y esa renuncia equipararse a un despido injustificado y, como tal, remunerado.

“Este proyecto de ley, sin embargo, sencillamente nos decreta que renunciemos y ni siquiera determina la obligación de las empresas a una justa indemnización”, se alerta.

Por: eluniversal.com.mx